Cada 12 de marzo se pone el foco en una gran preocupación para aquellos que se dedican a la medicina con el Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios. Nuestro Colegio se sumó a esta efeméride para denunciar el aumento de los ataques y para visibilizar un problema que requiere de la actuación de la Administración y de la sociedad. El Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos, organismo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) desde 2010, publicó los datos de agresiones entre el periodo del 2019-2024 —aportados por las 52 instituciones colegiales que lo conforman— y un manifiesto conformado por once puntos.
El primero y segundo exponen la gravedad de este tipo de hechos para los facultativos y otros trabajadores. “La violencia en los centros sanitarios atenta contra los derechos de los profesionales, contra su salud y su dignidad”. Asimismo, continúa resaltando que “los efectos de las agresiones a los profesionales sanitarios son negativos para cualquier sistema de salud”.
El tercer punto refleja la gravedad de unos comportamientos que son cada vez más habituales. “El aumento de las agresiones provocadas por estos actos incívicos conlleva la disminución de la actividad asistencial prestada al ciudadano, lo que se traduce en una ineficiencia del sistema”. Además, el siguiente apartado indica que “el origen de las agresiones no es único, sino multifactorial”, lo que provoca que “no se pueda dar una única respuesta a este fenómeno. Por tanto, deberemos dar una multidisciplinar”.
Ante la necesidad de una actuación, la Organización Médica Colegial propone, entre sus reclamaciones, el desarrollo de distintas medidas para asegurar el bienestar de los facultativos durante el ejercicio de sus funciones. Entre ellas se menciona la posibilidad de “realizar la evaluación y mejora continua en la comunicación de las agresiones sufridas por los profesionales sanitarios desde el Observatorio, con un registro de las agresiones abierto y permanente”.
El documento también plantea la creación de “un plan integral contra las agresiones en el que participen los consejos sanitarios, los interlocutores policiales nacionales y autonómicos, así como los ciudadanos”. Esta estrategia también debería ir acompañada de “un buen proyecto de educación para la salud para conseguir ciudadanos más responsables, que podrán valorar mejor la atención sanitaria que reciben”.
Además de educar a la población sobre la concienciación y responsabilidad hacia el bienestar de los profesionales sanitarios, se recomienda que ellos mismos reciban programas formativos de forma permanente que estén “dirigidos a la prevención de las agresiones y a la mejora de la comunicación entre sanitarios y ciudadanos”.
La educación debería ir de la mano con el incremento de “las medidas de seguridad —activa y pasiva— por parte de las direcciones de los centros sanitarios y administraciones con competencias en seguridad del empleado público”. Por otro lado, la prestación de la ayuda que necesiten a las personas agredidas también es una exigencia imprescindible, ya sea “sanitaria, psicológica, de asesoramiento o de defensa jurídica”.
La Organización Médica Colegial concluye su manifiesto declarando que “seguimos insistiendo en la creación de un plan nacional contra las agresiones a sanitarios en el que participen todos los implicados: ministerios de Sanidad, Interior, Justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, consejos generales de las profesiones sanitarias y plataformas y asociaciones de pacientes”.
En 2024 se registraron diecisiete agresiones a médicos en Galicia. Cuatro de ellas se produjeron en la provincia de A Coruña. Casi dos tercios de los ataques se dirigieron contra mujeres, que representaron el 64,7 % de los afectados. Los agredidos más habituales se encontraban entre los 36 y 45 años —29,4 %— y menores de 36 —29,4 %—. Seis de cada diez se negaron a solicitar la baja laboral tras sufrir este tipo de sucesos.
El 94 % de estas agresiones fueron psíquicas. Los datos indican cuatro tipos de ataques: insultos y vejaciones, con un 38 % —tres cuartas partes de los agredidos fueron mujeres—; amenazas y coacciones, con un 34 % —64 % mujeres—; lesiones, con un 22 % —86 % mujeres—; y acoso, con un 6 % —de las que la mitad fueron mujeres—.
Las causas más comunes de las agresiones fueron asistenciales, en un 72 % de los casos, mientras que el 28 % restante se debieron a motivos estructurales. Entre los primeros, el 57,1 % se achacan a discrepancias con la asistencia sanitaria, el 28,6 % a disputas personales y un 14,3 % a informes no acordes a las exigencias demandadas. En referencia a los estructurales, el 75 % ocurrieron debido al tiempo que se tardó en proveer la atención, y el 25 % restante, al mal funcionamiento del centro.
Los agresores se caracterizan por ser, en su mayoría, pacientes no programados —33,3 %—, seguidos muy de cerca por los programados —29,2 %—. Un cuarto de ellos fueron acompañantes —mujeres, en su totalidad—, mientras que un 12 % lo representaban pacientes desplazados. La mitad fueron personas comprendidas entre los 40 y los 60 años.
Los ámbitos más comunes en los que se produjeron las agresiones en nuestra comunidad fueron atención primaria —35 %—, hospitales —29 %—, urgencias hospitalarias y de atención primaria —12 % cada una— y otros, como mutuas, geriátricos y centros sociosanitarios o de salud mental —12%—. Casi nueve de cada diez tuvieron lugar en la sanidad pública, y todas ocurrieron durante el horario laboral.
“No hay nada que justifique insultar, amenazar, agredir o acosar a profesionales sanitarios, que solo intentan ayudar a quien lo necesita”, declara Javier Prieto, secretario general de nuestro Colegio, miembro del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos y facultativo en el centro de salud de Acea de Ama (Culleredo). El doctor Prieto recalca la necesidad de hacer comprender a la sociedad la gran preocupación que acarrean las agresiones y el clima de malestar que crean entre los médicos.
“La base del problema es educacional”, evidencia. “Son necesarias más campañas informativas que aborden este grave fenómeno. Allí donde no llegue la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia deben demostrar firmeza”. Desde el colectivo médico abogan por un “endurecimiento de las penas para los agresores”, y también por “la aprobación de una ley orgánica que aborde el problema o, por lo menos, que se elabore un plan nacional”.
El secretario general de nuestro Colegio también insiste en que “es importante remarcar que las agresiones de las que hablamos son solamente las registradas en las instituciones colegiales, pero hay muchas más de las que no tenemos constancia o que, directamente, no se ponen en conocimiento de las autoridades”. Algunas estimaciones afirman “que en España se produjeron más de 10.000 denuncias el año pasado”. Estamos ante un problema que no deja de crecer, como desgraciadamente se ha visto en los últimos meses con los casos producidos en el Chuac. “En 2024 se han batido todos los récords —en España se produjeron un total de 847 agresiones—, y hay que hacerles frente con determinación”.
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta son los pasos que deben seguir los profesionales sanitarios al padecer este tipo de ataques. “Tras haber sufrido una agresión, deberían activarse de forma ágil los protocolos unificados y validados a tal efecto por los órganos de gestión competentes. Obviamente, en primer lugar, debería centrarse en garantizar la atención sanitaria de la víctima ofreciendo todos los recursos sociosanitarios disponibles para así recuperar cuanto antes el bienestar físico y emocional. Asimismo, tanto la administración sanitaria como las entidades colegiales deberían ofertar asesoramiento legal y jurídico sobre los procedimientos a seguir tras haber sido víctima de una agresión”.
Como miembro del Observatorio contra las Agresiones de la OMC, el doctor Prieto analiza cómo este organismo se ha dedicado durante los últimos quince años, desde su creación, a “dar visibilidad y dimensionar un problema social que desgraciadamente está adquiriendo una preocupante magnitud. Lo que inicialmente se identificaba como situaciones puntuales o excepcionales ha pasado, en los últimos años, a adquirir un indeseable protagonismo en las diferentes actividades asistenciales de nuestro sistema sanitario”.
Gracias a la creación del Observatorio, “se ha podido realizar un seguimiento actualizado del problema y se ha pretendido servir de referente. Se ha aportado información a la colegiación y a los agentes sociales interesados acerca de la magnitud, relevancia y consecuencias de estas conductas antisociales. Creo que el balance ha sido positivo”, asegura Javier Prieto.
El facultativo resalta la importancia de evitar el silencio en este tipo de casos y el apoyo del Colegio ante tales agresiones, frente a las que nuestra institución muestra tolerancia cero. “Animamos a denunciar a cualquier profesional que se vea afectado por esta lacra. Que acudan al Colegio, donde siempre les ayudaremos y orientaremos. Necesitamos visibilizar el problema para que ninguna agresión quede impune y para que podamos prevenirlas en el futuro”.
