En 2023, la asesoría jurídica de nuestro Colegio, a cargo del experto en derecho sanitario Félix Jiménez, llevó a cabo una intensa actividad para defender ante la Justicia y las Administraciones los intereses de la profesión y de la ciudadanía. «Cualquier miembro del Colegio puede recurrir a este servicio para abordar cuestiones relacionadas con la profesión sin ningún coste». «El año pasado se atendieron un total de 904 consultas, de las que 80 fueron presenciales y, 824, telefónicas o telemáticas».
Además, la asesoría jurídica ha participado, con gran éxito, en numerosos procesos judiciales de todo tipo, desde penales hasta administrativos. En concreto, en el ámbito penal, el Colegio se personó como acusación particular en dos casos de intrusismo y en otro relacionado con el robo a un médico en un centro hospitalario, además de actuar como defensa de una facultativa imputada por mala praxis. También hubo varios procesos civiles relacionados con la reclamación de cuotas a colegiados morosos y, en el ámbito laboral, otros sobre el complemento de maternidad para jubilados, el prorrateo de guardias a MIR embarazadas, la carrera profesional en el Instituto Social de la Marina, la incapacidad permanente y la determinación de contingencia.
Entre los procesos en el ámbito administrativo estuvieron asuntos vinculados al prorrateo de guardias a pacientes oncológicas, arbitraje de consumo, expedientes sancionadores, denegación de recetas a jubilados y concurso de traslados. Además, el letrado del Colegio defendió los intereses de los colegiados en procesos contencioso-administrativos. Entre ellos se encontraban casos de jubilación forzosa y denegación de prórroga, sanciones por acceso indebido a la historia clínica o incompatibilidades, homologación de especialidad, actualización de los módulos para facultativos mayores de 55 años y complemento de productividad variable.
En este último ámbito tuvieron especial relevancia, por otra parte, los cuatro pleitos planteados contra el Sergas —en el marco del Consello Galego de Colexios Médicos— centrados, especialmente, en evitar la invasión de competencias de los médicos por parte de otras profesiones sanitarias. Uno de los más importantes fue el recurso contencioso-administrativo presentado para conseguir la impugnación del plan de Xestión Integral da Demanda en Equipo (XIDE), con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para los pacientes.
El XIDE implica, en la práctica, “la aplicación de un sistema de triaje en atención primaria y el uso de un algoritmo de inteligencia artificial —cuyos resultados no han sido testados y del que se desconoce su funcionamiento y si cuenta con aval científico— para gestionar las citas no programadas”. Además, el sistema atribuye al Personal de Servicios Generales —que no son profesionales sanitarios— “funciones de evaluación de riegos o síntomas que no les corresponden y que no deben realizar en ningún caso”. Con este nuevo protocolo, cuando un ciudadano contacta con el Personal de Servicios Generales de un centro de salud demandando asistencia —ya sea de forma presencial o telefónica—, este profesional administrativo debe preguntarle por el motivo de su consulta. A partir de la respuesta, y a través del algoritmo, se propondrá una cita fijando una prioridad en la atención y asignándole el profesional adecuado. Por lo tanto, “lo que debería ser un acto médico se decide entre una persona que no es sanitaria y una aplicación informática desconocida”.
Por otro lado, con este sistema no se respeta la intimidad de los pacientes. El Personal de Servicios Generales tiene que preguntar datos sensibles relacionados con la salud en áreas administrativas que no están preparadas para ello. Esto “supone una clara infracción de los derechos de los ciudadanos a la intimidad y protección de la confidencialidad de la información sanitaria y de la garantía del secreto médico”.
Desde el Colegio y el Consello Galego de Colexios Médicos se ha denunciado que la Consellería “ha actuado con opacidad en la implementación del programa. No ha dictado ninguna instrucción, circular o disposición al respecto, y no existe ninguna publicación sobre él en el DOG. Tampoco ha habido transparencia en el diseño, implementación y capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los algoritmos del Plan XIDE”.
El Consello solicitó conocer el funcionamiento de esos algoritmos para que pudieran ser evaluados por la comunidad científica gallega, pero la Administración sanitaria no los ha facilitado. Esto obligó a los colegios médicos a acudir a la vía judicial para impugnar el plan. «En estos momentos, el proceso judicial se halla en trámite y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictará sentencia en breve».
Otro de los casos más importantes planteados —y en el que la Justicia ya ha dado la razón al Colegio— tuvo que ver con la impugnación de la instrucción sobre continuación del tratamiento crónico por el farmacéutico de atención primaria en situaciones especiales. El TSXG estimó la demanda del Consello Galego Colexios Médicos y «anuló esta instrucción del Sergas, que permitía renovar recetas a los farmacéuticos de atención primaria», además de imponer costas a la Administración sanitaria.
La Sala subrayó que la resolución del Servizo Galego de Saúde “no iba dirigida a paliar problemas temporales de accesibilidad asociados a la pandemia de la Covid-19, sino que tenía vocación de permanencia, al referirse a la situación que se presentaba ‘en determinadas épocas del año debido a la carencia de profesionales para la cobertura de ausencia’, así como a la mayor carga de trabajo que a los facultativos les suponía contar con ‘una sociedad envejecida, con mayor cronicidad y pluripatología’”.
“Una cosa es que se relaje el procedimiento para aprobar la instrucción y otra es que esta esté huérfana de cualquier trámite precedente, pues no consta informe, estudio, memoria o propuesta alguna que avale la necesidad de su contenido”, destacaron los magistrados del Tribunal. También recalcaron que la instrucción habilitaba a los farmacéuticos “para comprobar la necesidad o no de dar continuidad, pero también la de revisar la prestación farmacéutica que solo los médicos pueden prescribir, aun en el caso de pacientes que cuenten ya con una medicación indicada para su enfermedad crónica”. El Sergas interpuso recurso de casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió, imponiendo de nuevo costas a la Administración sanitaria.
También terminó con éxito la impugnación de la instrucción por la que se determinaba el acceso a las pruebas diagnósticas de laboratorio y de imagen disponibles para su solicitud desde atención primaria. A través de ella, personal no facultativo de este nivel asistencial —enfermería especialista en pediatría, familiar y comunitaria y obstetricia— podía acceder a la solicitud de pruebas.
El Consello Galego Colexios Médicos advirtió que la instrucción no era ajustada a derecho por “infringir la normativa y jurisprudencia aplicables: el Sergas la aprovechaba para atribuir al personal de enfermería funciones que vienen atribuidas a los médicos conforme a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias”.
Cuando el proceso judicial estaba a punto de concluir, el Sergas comunicó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba la instrucción. Finalmente, el TSXG dictó sentencia en la que declaró terminado el proceso judicial por pérdida sobrevenida de su objeto y, de nuevo, impuso costas a la Administración sanitaria.
Por último, la asesoría jurídica también trabajó para impugnar la orden por la que se crea y regula el Consejo Técnico Asesor en Inteligencia Artificial y Espacio de Datos del Sistema Público de Salud de Galicia. El Consello Galego de Colexios Médicos advirtió de que no se le dio trámite de audiencia durante la tramitación de esta orden y que, además, la composición del consejo no resultaba equitativa. Después de analizar el expediente administrativo remitido por el Sergas al TSXG, el Consello desistió del recurso contencioso-administrativo interpuesto.
Por otra parte, en los últimos meses, Félix Jiménez también ha tenido presencia en las renovadas redes sociales del Colegio. A través de una serie de reels y vídeos en Instagram, explicó los servicios que ofrece la asesoría jurídica, cómo puede ayudar a cualquier colegiado ―independientemente de dónde trabaje o de su edad―y cuáles son las consultas más habituales de los compañeros. Los vídeos pueden verse a través de este enlace.
