Catalina Fernández Méndez (Viveiro, 1980) es especialista en medicina interna en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y, desde hace un año, coordinadora territorial nacional de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD). En esta entrevista, abordamos con ella sobre la huelga de facultativos, las reclamaciones de los profesionales y la necesidad de un estatuto propio para los médicos.
Se trata de una asociación de médicos, sin vinculación política ni sindical, creada para defender los derechos de los facultativos y mejorar la profesión. Nació para defender a los compañeros justo después de la pandemia del coronavirus, al ver que estábamos completamente expuestos, que muchas veces no contábamos con equipos de protección individual y que numerosos compañeros fallecieron sin que se defendiesen sus derechos y su protección personal. MUD estableció, a través de una encuesta que se difundió a nivel nacional, 35 medidas para la mejora de la profesión.
Entre esas medidas está contar con un estatuto propio para los médicos, que es nuestra reclamación fundamental. Siempre hemos defendido que necesitamos una regulación propia, porque estamos infrarrepresentados. En el año 2003 se nos incluyó en el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios, donde la representatividad se calcula por proporcionalidad numérica. Esto significa que, como los médicos solo sumamos entre el 13 y el 15 % del total de profesionales que trabajan en el Sistema Nacional, son los demás colectivos los que deciden sobre cuestiones que nos afectan a nosotros y a nuestros derechos, porque su número es muchísimo mayor.
Desde que se puso en marcha el Estatuto Marco, los médicos sufrimos una pérdida terrible de condiciones laborales y de poder adquisitivo, que se ha reducido en torno a un 25 %. Además, cuando estalló la crisis económica de 2009, se estableció una tasa de reposición del 10 % para los médicos que se jubilaban. Es decir, de cada cien profesionales que se retiraban, solo se reponían diez. La medida iba a ser transitoria, pero se mantuvo durante muchísimos años, mermando progresivamente el número de médicos de la sanidad pública. Esto dio lugar a una sobrecarga asistencial terrible. Además, cuando falta un médico ―por un permiso de maternidad o paternidad, un día de libre disposición o vacaciones―, cualquier otra categoría profesional cuenta con sustitutos para cubrir esas ausencias, pero esto no sucede en el caso de los médicos. El trabajo de esa persona se reparte entre los demás.
Si tienes muchos menos médicos, una sociedad envejecida y una población que se incrementa debido a la inmigración, la atención se ve comprometida. No se cumple ninguno de los estándares de las sociedades científicas. Por poner un ejemplo, en medicina interna la recomendación es atender a ocho pacientes al día, pero este año mis compañeros han estado viendo a veinte en planta. Estamos realmente preocupados por su atención. No vamos a la huelga solo por nuestras condiciones, sino también por la sostenibilidad del sistema sanitario. Vemos que no podemos atender a los pacientes como se merecen por falta de tiempo y sobrecarga. Es importantísimo que la sociedad entienda que está en juego el sistema sanitario de todos, uno de los pilares del estado de bienestar. Nosotros denunciamos estas carencias porque las sufrimos todos los días y porque no podemos tratar a los pacientes de manera adecuada. No podemos permitirnos perder una sanidad pública de calidad que nos iguala a todos. Si tienes un proceso oncológico, un infarto o necesitas un trasplante, sabes que en España serás atendido sin que tengas que vender tu casa. En otros países, como Estados Unidos, si te diagnostican cáncer y no tienes con qué pagar el tratamiento, te mueres.
Tenemos una responsabilidad civil y penal elevadísima. El acto médico es una competencia exclusiva de nuestra profesión e implica directamente esa responsabilidad en caso de error. Además, para ser médico especialista necesitas seis años de carrera, superar el examen MIR a nivel nacional y realizar entre cuatro y cinco años de formación sanitaria especializada. Ninguna profesión que asume una responsabilidad tan alta y exige una formación tan prolongada carece de una regulación propia. Lo que ocurre en España es inasumible en cualquier otro país de Europa, donde esa regulación está reconocida en forma de estatutos o convenios propios, separados del resto de categorías profesionales. El nuevo Estatuto Marco pretende igualarnos profesionalmente con categorías que tienen menos de la mitad de formación. Las demás profesiones no comparten nuestra responsabilidad. Nos encontramos ante una desigualdad de condiciones enorme.
Todo lo que ha pasado durante estos años justifica que salgamos a la calle para pedir unas condiciones dignas como los demás, y los compañeros respondieron de forma increíble. Los índices de participación en Galicia superan el 85 % y, en algunos servicios, alcanzan el 100 %. Esto es una muestra de nuestro hartazgo. Hay compañeros de baja porque no se sienten capaces. La respuesta que hemos visto tiene una razón clara: llevamos muchos años viviendo una situación de abuso. La propia ministra de Sanidad lo reconoció diciendo que si dejan de obligar a los médicos a hacer jornada complementaria, el Sistema Nacional de Salud no se sostiene. Nosotros tenemos una jornada ordinaria de 35 horas pero, además, debemos hacer una jornada complementaria que no existe para ninguna otra profesión. Son horas obligatorias que se pagan por debajo de la hora ordinaria y que no computan como tiempo trabajado a efectos de jubilación o carrera profesional. Cuando un médico se jubila, ha trabajado de media entre 8 y 10 años más que cualquier otro profesional. Según el Estatuto de los Trabajadores, se pueden hacer 80 horas extraordinarias anuales, siempre voluntarias y remuneradas por encima de la ordinaria. Sin embargo, a nosotros nos obligan a hacer hasta 1.500 horas al año de jornada complementaria por necesidades del servicio. Esto nos lleva a tener médicos trabajando 70 u 80 horas a la semana, algo inconcebible para cualquier otro colectivo laboral. En una guardia de 24 horas, cuando llegas a tu hora 17 o 18 y atiendes a un paciente grave, le das mil vueltas a todo para no equivocarte y te vas a casa pensando en si hiciste lo correcto. Trabajamos con vidas humanas, no con materiales. La inmensa mayoría somos profesionales vocacionales, creemos en la sanidad pública y nos preocupa su futuro por el deterioro progresivo que está sufriendo.
En el año 2000, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ―el caso SIMAP― dictó que todo el tiempo a disposición del empleador era tiempo de trabajo efectivo. Sin embargo, si las guardias se remuneraban y computaban como tal, el sistema quebraba. España, al contrario que el resto de Europa, bordeó la doctrina SIMAP dividiendo nuestra jornada en «ordinaria» y «complementaria» en el estatuto de 2003 para obligarnos a seguir trabajando en estas condiciones. Cuando la ministra presentó el borrador del nuevo Estatuto Marco en enero de 2025, saltaron las alarmas. Planteaba mejoras para el resto de los colectivos y nos mantenía como los únicos agraviados, conservando la doble jornada e ignorando nuestra formación. Que una ministra de un gobierno progresista diga que tiene que explotar a un colectivo laboral para mantener el sistema evidencia que este tiene pies de barro.
En Galicia han llegado a un acuerdo con la Xunta e interrumpido la huelga. ¿Qué logros han alcanzado?Es importante decir que no se ha desconvocado la huelga, solo se ha interrumpido la impulsada por O’Mega —de cuyo comité de huelga forma parte MUD—, pero la de Simega continúa. Le comentamos a la Xunta que lo obtenido no era suficiente para desconvocar del todo, pero es de agradecer la actitud mantenida por parte del conselleiro de Sanidad y el presidente de la comunidad autónoma. Fueron los primeros en declarar públicamente que los médicos necesitamos una norma y una mesa de negociación propias. Además, presentaron una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia que salió adelante para exigir al Estado una norma específica para los médicos. Aunque de momento no hay mesa de negociación propia autonómica por cuestiones jurídicas ―si bien se han comprometido a ponerla en marcha en cuanto sea posible―, tenemos una comisión de seguimiento.
La Xunta se compromete a elaborar planes funcionales de todos los servicios de la comunidad en un plazo de nueve meses para analizar las necesidades reales de personal. A partir de ahí, contratarán a los efectivos necesarios al máximo de sus posibilidades. Esto es un cambio estructural radical y una gran garantía para la población. Por primera vez, Galicia se ha comprometido por escrito a que dentro de cinco años las guardias sean voluntarias. También se ha acordado igualar de forma progresiva, en tres años ―2027, 2028 y 2029―, el precio de la hora de guardia a la hora ordinaria. A partir de ahí, intentaremos que se eleve al precio de la hora extraordinaria. Además, se ha mejorado el salario de los médicos internos residentes —que estaban a la cola de España— para retener talento, acercándolos a la media nacional. No obstante, un sueldo base de 1.300 euros para un licenciado con oposición sigue pareciéndonos insuficiente.
El pacto al que hemos llegado con la Xunta es valiente. Galicia se ha expuesto políticamente, ha dado un paso al frente diciendo que el modelo ya no funciona para los médicos, que necesitamos una norma y una representatividad propias y un cambio estructural para que los médicos puedan trabajar en condiciones. Es de destacar que sea la primera comunidad autónoma en negociar con sus médicos y en intentar poner sobre la mesa soluciones a un problema que lleva veinte años de evolución y que nadie había querido arreglar. Hay que reconocérselo a nuestra comunidad y yo lo agradezco. Sin embargo, sabemos que todavía queda camino por recorrer y por eso no desconvocamos la huelga totalmente. Seguimos con una jornada diferente a la del resto de los profesionales, con un salario que no es acorde a lo que cobran los médicos en el entorno de la OCDE y con una jornada complementaria que se paga por debajo de la ordinaria. Parte de estas reivindicaciones deberían volver al tejado del Ministerio.
El Ministerio de Sanidad lleva meses diciendo que llegó al máximo de sus competencias con el Estatuto Marco. La Xunta le está demostrando que sí las tiene para crear un estatuto propio, una mesa de negociación y aportar presupuesto para revertir 20 años de agravios. El acuerdo alcanzado en Galicia abre las puertas a que otras comunidades autónomas vayan detrás, reclamen lo mismo al Ministerio y lo pongan en una situación de tener que responder, porque hace meses que las negociaciones con el comité de huelga nacional encallaron. El Ministerio intentó imponer un mediador antes de sentarse a negociar seriamente con los trabajadores, algo inaudito en un conflicto laboral.
Los pacientes están siendo utilizados en una guerra política y económica. Nosotros nos debemos a ellos y estamos en la calle expresando que no podemos seguir trabajando como lo hacemos por su propia salud y por responsabilidad. Queremos un sistema sanitario público sostenible que no abuse de sus profesionales para seguir existiendo. Confiamos en que el estatuto propio para el médico saldrá adelante. Nosotros seguiremos peleando todo lo que sea necesario hasta conseguir que sea una realidad.
