La Organización Médica Colegial (OMC) publicó el informe que recopila los datos registrados por los colegios de médicos sobre las agresiones que sufrieron los facultativos durante el pasado año 2025. El documento mostró que hubo un total de 879 incidentes —de los que 22 se produjeron en Galicia—, la cifra más alta registrada históricamente, lo que sitúa el cómputo global de los últimos 16 años en casi 9.000 agresiones. El informe salió a la luz el 10 de marzo con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora el día 12 del mismo mes, y fue presentado por José María Rodríguez Vicente, secretario general de la OMC. Los datos demuestran que, tras la pandemia de Covid-19, la violencia en los centros sanitarios se ha cronificado, con cifras que siguen en aumento.
Tomás Cobo, presidente de la OMC, declaró que la violencia a los sanitarios supone un ataque directo a la calidad asistencial, a la confianza entre médico y paciente y al funcionamiento de un sistema que solo puede sostenerse si quienes lo hacen posible trabajan en un entorno seguro y de respeto. Ante esta situación, exigió la creación de un plan nacional para detener la violencia contra los profesionales sanitarios.
El estudio resalta que la mayoría de los médicos agredidos fueron mujeres —63,7 %—. A pesar de que el número de casos aumentó en ambos sexos, el incremento porcentual de facultativas que han sido víctimas de agresiones es, año tras año, mayor que el de sus compañeros.
Al analizar la tipología del agresor, la OMC afirma que, en los últimos quince años, su perfil no ha derivado hacia figuras externas y que suelen ser pacientes programados y no programados. El dato demuestra la estabilidad del problema dentro del sistema sanitario y pone de manifiesto que las soluciones basadas únicamente en la seguridad física pasan por alto que el conflicto se origina, principalmente, en el diseño de la atención y las expectativas generadas. A nivel demográfico, casi la mitad de los autores de estos ataques se encontraban entre los 40 y 60 años.
El 81 % de los ataques fueron amenazas, coacciones, insultos y vejaciones, mientras que las agresiones físicas directas se situaron en el 19 %. El 74,9 % de las agresiones se debieron a causas asistenciales, y el 25,1 % restante, a motivos estructurales. Entre las primeras se encuentran la disconformidad con la atención médica recibida, las discrepancias sobre la incapacidad temporal o las exigencias injustificadas de recetas o informes médicos.
Atención primaria siguió siendo el nivel asistencial más afectado, con un 58,6 % de los casos, y se alertó de una subida considerable de las agresiones en el sector privado, que pasó del 12 % histórico al 17 % en 2025. Además, el 96,1 % de estas situaciones se produjeron en horario laboral, lo que implica un riesgo intrínseco en el ejercicio profesional.
Una de las mayores preocupaciones se derivó del denominado iceberg del silencio, metáfora que ejemplifica la gran cantidad de casos que los sanitarios no denuncian. Se estima que solo el 48,8 % de las agresiones comunicadas acaban reportándose a las autoridades y que el 13,5 % derivan en una baja laboral.
Otro récord registrado el pasado 2025 fue el de solicitudes de protección jurídica de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial. Más de un centenar de profesionales se acogieron a este servicio a través de A.M.A. Seguros. Por otro lado, desde 2019, cerca de 4.000 han realizado el curso Agresiones a profesionales sanitarios: fundamentos de prevención, protección y respuesta. La iniciativa fue puesta en marcha por la Fundación para la Formación de la OMC y Mutual Médica con el objetivo de proporcionar herramientas con las que hacer frente a los casos de agresión.
Además del informe, la Organización Médica Colegial compartió una nueva guía contra las agresiones. Este documento aclara lo que supone una agresión para que ningún profesional sanitario tenga la más mínima duda si es víctima de una. Consiste en “cualquier acto que conlleva abuso verbal, físico, amenazas o cualquier otro comportamiento intimidatorio cometido por un paciente, familiar o acompañante contra un profesional médico en el ejercicio de su función y causando un daño físico o psicológico”.
La guía ofrece un detallado capítulo sobre terminología para incidir y aclarar las distintas formas de violencia y conductas punibles que están recogidas en el Código Penal: abusos sexuales, acoso sexual, acusación y denuncias falsas, agresión sexual, alteración de orden público, amenazas, atentados contra autoridad o funcionario público, falta de respeto y consideración debida a la autoridad, calumnia, coacción, daños, extorsión, hurto, injuria, lesiones, robo y violencia laboral —agresión física o psicológica—.
También incluye un capítulo sobre el origen y evolución del problema. En él, deduce que los principales motivos de agresión suelen ser situaciones de angustia por parte del agresor ante una falta de información sobre la situación de un familiar grave, aquellas en las que ve frustradas sus esperanzas de alcanzar un beneficio directo o indirecto, así como demoras en la atención, retrasos en los plazos para pruebas complementarias o desconfianza ante la actuación de los médicos, entre otras.
Uno de los puntos más destacados se centra en el procedimiento que se recomienda seguir a las víctimas. Se indica que, ante una posible agresión, se ha de tener prevista una salida del escenario y contar con la ayuda del vigilante de seguridad —en caso de no tenerlo, se recomienda avisar a un compañero o persona cercana—. Si no se consigue calmar la situación o al agresor, debe avisarse a las fuerzas de seguridad. Acto seguido, las lesiones físicas o psíquicas del profesional tienen que ser revisadas por el servicio de Salud Laboral o Urgencias. Este paso es relevante para la emisión del parte de lesiones físicas o psíquicas y asegurar la eficacia de un posible procedimiento judicial. Luego habría que recabar toda la información posible sobre el agresor, la situación y los testigos, y comunicar lo ocurrido al colegio de médicos y a los responsables del centro. Después, se denuncian los hechos ante la Fiscalía, el Juzgado, la Guardia Civil o la Policía Nacional o Autonómica. También habría que terminar la relación con el paciente o familiar solicitando el cambio del mismo a otro centro o, si no fuera posible, pasarlo a la adscripción de otro médico. Entre los pasos a seguir, se encuentra la instalación en el móvil de la aplicación Alertcops, un sistema de aviso que contacta directamente con la policía y que puede descargarse en las tiendas de aplicaciones de iOS y Google.
La guía aporta otras herramientas para agredidos, centros sanitarios y colegios profesionales. Se ofrecen consejos que inciden en los puntos anteriores y expone aspectos importantes, como no tolerar ningún acto violento, ya que de una situación parcialmente controlada puede pasarse a una totalmente incontrolada.
Otro anexo útil para el facultativo gira en torno a la entrevista clínica, que contiene consejos para actuar ante un paciente agresivo. Se recomienda mantener el equilibrio emocional y no responder a las provocaciones, conversar con corrección y un tono afable y profesional, reorientar la conversación si la tensión aumenta, liberar tensión emocional del paciente, avisar a un compañero, reconocer posibles deficiencias del sistema y manifestar los propios sentimientos al paciente. Por otro lado, se indica que no se debe infravalorar la agresividad del paciente, no aplicar las medidas necesarias para su control, no justificar su comportamiento en el nihilismo terapéutico y no desentenderse del mismo.
