• La norma, que entró en vigor el 8 de abril, contempla sanciones de hasta 15.000 euros para quienes agredan a profesionales del ámbito público o privado
• Se reconoce específicamente la violencia digital, desde insultos y amenazas hasta campañas de desprestigio a través de medios electrónicos
• El Colegio anima a todos los profesionales que sufran una agresión a acudir a la institución, donde recibirán todo el apoyo de sus servicios jurídicos
• Los colegios de médicos no son citados en la norma, a pesar de la labor desarrollada en defensa de los profesionales frente a las agresiones y de su reconocimiento diferenciado en la Constitución

A Coruña, 23 de abril de 2026. El 8 de abril entró en vigor la modificación de la Ley de Salud de Galicia, con la que se endurece la respuesta frente a la violencia física, psíquica, verbal o digital que sufre el personal sanitario, tanto del ámbito público como privado, durante el ejercicio de sus funciones o debido a ellas —ya sean asistenciales, administrativas, de admisión, de traslado de pacientes o de inspección—. Esto satisface una demanda histórica de nuestro Colegio, que lleva años reclamando mejorar la protección frente a las agresiones que sufren los profesionales sanitarios y extenderla en condiciones de igualdad a los médicos del ámbito privado.

La reforma llega en un contexto de creciente violencia contra los profesionales de la salud. Solamente en 2025 se registraron casi mil casos en Galicia, pero esta cifra es, en realidad, mucho mayor, porque la mayoría de las víctimas no comunican ni denuncian los insultos, vejaciones o agresiones físicas que reciben de las personas a las que están intentando ayudar. El Colegio anima a todos los profesionales que hayan sido víctimas de una agresión a ponerse en contacto con la institución. Allí recibirán todo el apoyo de los servicios jurídicos colegiales, que también están a disposición de la colegiación para resolver cualquier duda o cuestión sobre la nueva legislación.

La norma contempla sanciones que llegan hasta los 15.000 euros para los casos de mayor gravedad. En concreto, las infracciones de carácter leve —como faltas de respeto o insultos— acarrean sanciones de entre 300 y 1.500 euros, las graves —entre las que se encuentran las amenazas o el ciberacoso— oscilan entre 1.501 y 3.000 euros— y las muy graves —agresiones físicas— van de los 3.001 a los 15.000 euros. Se reconoce específicamente la violencia digital como una forma más de agresión, desde insultos y amenazas hasta campañas de desprestigio a través de medios electrónicos.

En el texto se recoge la obligación, por parte de la ciudadanía, de mantener el debido respeto al personal que presta servicio en el Sistema de Salud de Galicia, a su honor y a su prestigio profesional. Esto incluye, además de los actos que puedan atentar contra su integridad física o moral, aquellos que menoscaben la relación de confianza. En este sentido, la grabación de la actuación profesional —sin consentimiento o con oposición expresa de los sanitarios— y la difusión de esas imágenes se entenderán como una ruptura de la relación de confianza, lo que permite al personal afectado suspender la asistencia. Debe dejar constancia de ello en la historia clínica y, en todo caso, la atención sanitaria del paciente queda garantizada.

Medidas complementarias

Además de las sanciones económicas, la reforma también contempla otras medidas. Los agresores podrán ser reasignados a otro profesional sanitario —o, incluso, a otro centro— de la misma localidad durante un máximo de cinco años. Además, estarán obligados a reparar los daños que causen, incluyendo los gastos sanitarios de la víctima y los correspondientes a los desperfectos en instalaciones o equipamientos.

Entre las novedades destacadas también se encuentra la creación de un registro gallego de actos de violencia en el ámbito sanitario, con el que se recopilarán y analizarán los casos sancionados, clave para conocer la evolución del problema y diseñar nuevas medidas.

Por otro lado, se refuerza la prevención y se contempla la creación de un plan gallego en este ámbito, en el que se incluirán evaluaciones de riesgo, medidas organizativas y protocolos de actuación ante agresiones. También se pondrán en marcha programas de formación —que contarán como mérito en la carrera profesional— para mejorar la gestión de situaciones conflictivas y dotar a los sanitarios de herramientas adecuadas para actuar ante ellas. Las víctimas, además, dispondrán de asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento en la tramitación de denuncias. Y se impulsarán campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para reforzar el respeto hacia los profesionales sanitarios y concienciar sobre las consecuencias de este tipo de conductas.

La reforma se olvida de los colegios médicos

Desde el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña entendemos esta reforma como un avance para hacer frente a las agresiones —aunque, como cualquier ley autonómica, podría ser recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional—. En nuestra institución y en el seno del Consello Galego de Colexios Médicos llevamos muchos años reclamando mejoras en este sentido y trabajando para ayudar a los médicos que sufren la lacra de la violencia física o verbal —como el convenio pionero firmado con la Fiscalía Superior de Galicia o los encuentros con los interlocutores de la Policía Nacional y la Guardia Civil—. Sin embargo, la ley no hace ninguna referencia a los colegios médicos. Hemos recibido con sorpresa que no se nos cite, a pesar de la labor desarrollada y de tratarse de corporaciones de derecho público que cuentan con un reconocimiento constitucional diferenciado.