El fundamento de la política de cooperación para el desarrollo sostenible de España se encuentra en la Constitución Española de 1978, cuyo preámbulo proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación, entre todos los pueblos de la Tierra, así como en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El Real Decreto publicado ayer en el BOE incorpora premisas esenciales para la concesión, gestión, ejecución y justificación de los fondos destinados a la cooperación.
La nueva norma refuerza la agilidad y la reducción de cargas administrativas y desarrolla en el compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía
El Real Decreto se enmarca en el proceso de reforma de la Cooperación Española que parte de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y responde a sus objetivos de modernizar los instrumentos de cooperación, hacerlos más ágiles y flexibles para adaptarlos a las necesidades presentes y futuras y reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el impacto en los proyectos de desarrollo.
Entre las novedades más destacables, se encuentra desde la definición de conceptos básicos en el ámbito de las subvenciones de cooperación para el desarrollo sostenible, que favorece su comprensión y aplicación más homogénea, hasta la simplificación y la armonización de procedimientos, evitando duplicidades en la regulación.
Asimismo, el Real Decreto introduce una mayor flexibilidad, para lo cual determina los aspectos básicos que han de recogerse en convocatorias y concesiones. Los interesados también se verán beneficiados por la reducción de cargas administrativas y simplificación de las distintas fases de los procedimientos, con novedades en la aportación de documentación (requisitos concesión, justificación y normas dirigidas a regular aspectos relativos a impuestos, cambio de moneda, etc.).
De igual modo, esta regulación también persigue el objetivo de adaptarse a diferentes realidades, actuaciones, beneficiarios o procedencia de los fondos (política exterior, Acción Humanitaria, Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global), desarrollo, o cualquier otra situación.
También recoge el papel clave de las Comunidades Autónomas y los entes locales en la cooperación española, la generación y fortalecimiento de alianzas y su participación activa en la planificación e implementación de la cooperación española, lo que contribuye al logro de los objetivos de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible.